Inversión y costos ocultos detrás del Arco Minero

En dos trillones de dólares se ha calculado el potencial del Arco Minero ¿Cuánto se conoce de las cláusulas contractuales con las trasnacionales mineras?

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Dos trillones de dólares es el cálculo del potencial del Arco Minero del Orinoco (AMO) realizado por el ministro para Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal.

35 países y más de 150 empresas de minería de diversas partes del mundo fueron anunciadas en el mes de febrero como los agentes participantes en la explotación de los 111 mil 843,70 kilómetros, que constituyen la faja que ocupa el 12% del territorio nacional y que aguardan con reservas de minerales estratégicos como oro,diamantes, coltán, hierro, cobre, carbón, cuarzo, níquel, estaño y titanio.

A 7 meses de la creación del AMO mediante el decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855) solo se conocen 15 de las cuales 11 son transnacionales y 4 empresas nacionales autorizadas. Los acuerdos alcanzan los 10 mil millones de dólares.

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El titular de la cartera minera ha declarado que el valor comercial del oro asciende a más de $200 mil millones, el de la bauxita a 9 mil 900 millones de dólares y el del hierro $180 mil millones. Mirabal ha explicado que se van a explotar 14 minerales estratégicos que contribuirán al desarrollo de la industria siderúrgica “para no depender de la importación” y encaminar a la nación a la “superación del rentismo petrolero” y a la diversificación de la economía.

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Gustavo Márquez Marín, ex ministro del Comercio y miembro de la Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero, aseguró que el desarrollo de este plan en nada contribuirá con la superación a corto plazo de la crisis económica que atraviesa el país  y, por el contrario, generará distorsiones en la economía mediante la alimentación del modelo de renta de una explotación masiva de minerales que atentará seriamente contra nuestros ecosistemas.

“Se está simplemente reproduciendo el mismo modelo extractivista que está asociado al rentismo. Esos recursos vendrán de otras economías y van a ingresar a Venezuela, pero igualmente no van a ser el resultado de la actividad productiva del país, de la generación para agregar valor, del desarrollo de cadenas productivas porque mantienen su esquema primario exportador que ya tenemos en la exportación de petróleo y del hierro, que ambos siguen siendo exportados en bruto”

Agregó que el análisis de un problema de esta naturaleza con impactos múltiples bajo ningún concepto debe responder únicamente a criterios economistas. Añadió que un plan de esta envergadura debe ser consultado en debate nacional y contar con “todos los estudios de impacto ambiental y sociocultural de los que se carece en la actualidad”.

Contratos ocultos

Poco se conoce de las condiciones de contratación con las trasnacionales mineras. Según información oficial difundida por el ministro Mirabal, el desarrollo de la zona se ejecutaría bajo la creación de empresas mixtas donde se espera que las subsidiarias tengan 45% de la propiedad total y el país un 55%. Además,  Venezuela registrá “un mínimo de 55% de ganancias, 13% de regalías, y además recibirá el pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr), lo que totaliza más de 70% de ingresos”, según el ministro Mirabal. Por su parte, el presidente Maduro ha declarado que el 60% de las ganancias irán a la inversión social.

El único contrato expuesto a opinión pública fue el pactado con la Canadienese Gold Reserve, empresa a la que el Estado Venezolano deberá cancelar $769 millones 681 mil 823 en dos partes: El primer pago de $600 millones se espera que se realice para el 31 de octubre de este año y los $169 millones 681 mil 823 restantes antes el 31 de diciembre, luego que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) fallara a favor de la empresa por la expropiación de sus inversiones en el país en el año 2009, bajo el mandato del ex presidente Hugo Chávez.

El también exembajador cuestiona la conveniencia para el país de estas condiciones contractuales y la idoneidad de la trasnacional canadiense a la que se le concede por al menos 40 años un total de 18 mil hectáreas para la explotación, pues se añade a su mina Las Brisas (Bolívar), el terreno de Las Cristinas donde se estiman reservas de oro de 55 millones de onzas, además de 4,2 billones de libras de cobre, convirtiéndose en la mina de oro más grande América del Sur y una de las más grandes del mundo.

Gold Reserve es una empresa quebrada. Para septiembre de 2015 tenía pasivos negativos de casi $15 millones. Hay que observar, además, que el orden de las magnitudes de las operaciones, las transacciones, los activos, los pasivos del flujo financiero, no alcanza a ser superior ni siquiera a los $20 millones. Aquí estamos hablando de proyectos milimillonarios donde están involucrados grandes reservas de oro, cobre, coltán de nuestro país”, explicó Márquez.

+INVERSIÓN

El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, explicó que el acuerdo firmado con la minera sería por una inversión de $5 mil millones, que estarían disgregados en mil millones para la resolución de la disputa, $2 mil millones para las inversiones en las minas de oro y $2 mil millones en préstamo para el país.

Durante casi dos décadas la empresa Gold Reserve estuvo desarrollando estudios para la certificación y diseño del plan de extracción del yacimiento (oro y cobre) en Las Brisas, en el sureste del estado Bolívar. El Gobierno Nacional necesitaba esta documentación para ejecutar la certificación y que otra empresa lo realizara desde cero requeriría más cinco años.

Por esta razón, el ejecutivo acordó comprar los datos técnicos de minería de la empresa por un total de $240 millones, para empezar a percibir las divisas en un corto tiempo. Ahora el Estado debe cancelar cuatro cuotas trimestrales de $50 millones a partir del 31 de octubre de este año, y la última de $40 millones antes del 31 de octubre de 2017. Después del último pago es que será entregada finalmente la Base de Datos Nacional de Minería de Venezuela.

Frente a esto, Márquez rebatió que se pretenda justificar el plan de megaminería a cielo abierto como una “solución a corto plazo a la crisis económica” que atraviesa el país producto de la caída de los precios del petróleo. Aunque está de acuerdo en que debe aprovecharse el potencial minero de la nación, afirma que el país tiene exigencias fiscales por cubrir este y el próximo año, tales como los pagos de las deudas e importaciones que podrían verse comprometidas ante la necesidad de afrontar los compromisos del Arco. A su juicio, la única vía de obtener “dinero fresco” respondería al endeudamiento externo:

“La única manera que uno pudiera imaginarse que va a venir (dinero fresco) es a través de las certificaciones de las reservas y su titulación o su uso como colateral en la obtención de empréstitos internacionales. Es decir de endeudamiento con base en las reservas. Pero todo eso es una especulación”

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+IMPUESTOS

Gold Reserve, según Rockne Timm, CEO de la compañía prevé procesar 140 mil toneladas de minerales por día y extraer al menos 1,4 millones de onzas de oro y 108 millones de libras de cobre cada año. La cotización del oro oscila los 1.300 dólares la onza.

Pese a lo adelantado por ministro Mirabal sobre las ganancias que percibiría el fisco por pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr) y otros tributos de manos de las empresas mineras, en el artículo 21 del Decreto de creación del AMO se establece:

“El el marco de la política sectorial, el Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y del IVA, aplicables a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero”

Atendiendo a esto, en un comunicado emitido luego del alcance del memorándum de entendimiento entre ambas partes en conflicto,  Timm dio a conocer que su retorno de operaciones estarían signados importantes ventajas fiscales y costos preferenciales en los servicios. De esta manera, y en oposición a lo expuesto por el ministro de minería, se constató la conformación de una zona “Zona Económica Especial” que le otorgaría “beneficios” a Gold Reserve como la exoneración del pago de Impuesto sobre la Renta, impuestos derivados de la aportación de bienes tangibles e intangibles, impuestos municipales y timbres fiscales, por lo que la República no percibirá estos ingresos.

Afectación de Patrimonio

La compensación a Gold Reserve no será la única que deberá realizar el país en el corto plazo. En agosto pasado se conoció que el Ciadi decidió que Venezuela deberá pagarle a la minera ruso-canadiense, Rusoro, una compensación de $1,2 millardos por concepto de la expropiación de sus activos en el país en 2012, lo que compromete más las finanzas de la nación.

Para Márquez urge abrir un debate transparente sobre las condiciones de la aplicación de estos estatutos legales. Recomienda el detenido estudio de estos tratados internacionales que penden sobre la República en materia de protección y promoción de inversiones, para posteriormente enfilar la denuncia en procura de la “recuperación de la soberanía” que, a su juicio, “es lesionada”.

“En el decreto se crea un estado de excepción permanente, se suspende la aplicación de la Constitución Nacional, la Ley del Trabajo, La Ley de Contraloría, las Leyes Ambientales y todo indefinidamente y se le entrega a empresas transnacionales que van a formar enclaves en un territorio que el Gobierno no ha tenido la capacidad de atender”

Márquez se mostró contrario a la idea de que la institución, garante de los intereses de la nación en la zona, sean únicamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Alegó que:

“Las Fuerzas Armadas tienen una función muy clara dentro de la Constitución. Allí (en el AMO) van a tener que asumir un doble rol, no solo el de garantizar soberanía a la presión de los paramilitares, redes criminales y contrabandistas que tradicionalmente se dan en los centros mineros; sino también resguardarla de estas propias transnacionales que representan de algún modo también intereses no solamente de carácter económico”

Alertó del peligro de continuar afrontando términos y condiciones contractuales desfavorables, como el que estable que Venezuela se compromete a asumir e indemnizar a Gold Reserve y todos sus afiliados ante futuras demandas legales asociadas con sus proyectos mineros por ser el Estado el de mayoría accionaria.

Por último, el analista insiste en que el daño ambiental será de proporciones irreversibles debido a que el plan de desarrollo que debía ser presentado como máximo en el mes agosto nunca fue entregado. Calificó como “costos ocultos” las implicaciones en la sedimentación de los suelos, la contaminación del agua y la afectación de más del 70% de la generación eléctrica del país.

“Por cada gramo de oro hay que remover tonelada y media de tierra, imaginemos lo que eso significa (…) Hay un problema muy serio que afecta el patrimonio cultural y ambiental y jamás va a ser compensado con los supuestos beneficios económicos porque es el patrimonio de esta y de las futuras generaciones y esto no tiene valor”, expresó Marquéz.

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 Publicado en Infografía | No hay comentarios


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