Crisis carcelaria: Mutilación, canibalismo y hacinamiento

El presidente del OVP Humberto Prado, aseguró que “hay un principio que dice que los presos responden según la estructura donde estén recluidos”

Con mayor auge en los últimos meses se han difundido en las redes sociales videos grabados por privados de libertad con escenas de tortura, mutilaciones y canibalismo entre reos; siendo uno de los casos más alarmantes aquel donde un líder carcelario, comúnmente llamado “Pran” o “Papa”, obliga a un recluso a comerle la oreja a otro.

Para la psicóloga social y activista de Derechos Humanos, Hisvet Fernández, el canibalismo aplicado en calabozos representa “un método de tortura para el resto de los condenados, (…) provocado en parte por la ingobernabilidad del Estado y porque todo el sistema (de prisiones) lo dirige la misma delincuencia”.

Ante esta crítica situación el presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y abogado, Humberto Prado, indicó que “hay un principio que dice que los presos responden según la estructura donde estén recluidos y lo que vemos es simplemente la respuesta de ellos. Como son tratados como animales, se comportan así”.

Prado señaló que pese a que los reos tienen responsabilidad en los crueles actos de canibalismo, también hace falta mayor vigilancia y atención porque a los privados “no se les garantiza su integridad física como lo establece la Ley”.

El jurista explicó que los comportamientos inhumanos en las cárceles tienen la finalidad de enviar un mensaje “tanto para la población que se encuentra recluida en estos espacios donde se ve el canibalismo como a los propios órganos del Estado. Añadió que los reclusos buscan “dominar el lugar (la cárcel) y dejar claro que ellos son los que mandan y que si no son respetados los pondrán a comerse unos a otros”.

Por su parte, la psicóloga Fernández explicó que la sobrepoblación y la ingobernabilidad son elementos que, “unidos a una población que tiene un deterioro absoluto de su calidad de vida, son un caldo de cultivo para que broten patologías de cualquier tipo”.

Entre los tipos de canibalismo existentes dados a conocer por Fernández se encuentra el voluntario, “que puede generarse por hambre extrema o por algún problema psicopático grave”, y  por  tortura, “que es cuando la personas se ve obligada a comer a otra persona”. Expresó también:

“Quienes dirigen las cárceles y quienes se hacen del Gobierno carcelario son los más delincuentes, los que tienen más graves problemas psicosociales y es por eso que hacen este tipo de torturas a los otros reos, para doblegar, dominar, humillar y partirle la moral a cualquier ser humano. Quien haya sido obligado a esto automáticamente pasa a ser sumiso ante las ordenes de la persona que lo obligó”

La psicóloga social detalló que “la persona que obliga a otra a comer carne humana naturalmente tiene un problema mental, pero no el trastorno mental orgánico que es el que indica que el sujeto lo hace porque está enfermo; sino que se trata de perturbaciones psicosociales, es decir, son desviaciones de la normativa social de convivencia ciudadana sana y de la cohabitación humana, porque son personas que están al margen de toda Ley”.

Fernández aseguró que quienes obligan a otras personas al canibalismo buscan “satisfacer sus impulsos de dominación que ya rayan en la patología, porque tienen que dominar en lo absoluto a las demás personas y utilizan estos mecanismos porque quiebran a la víctima desde el punto de vista subjetivo, y se convierten en sus sumisos naturalmente”.

Prado argumentó que todo influye. “El hacinamiento, el ocio, la insalubridad y la violencia que desatan los funcionarios hacia los internos, y viceversa. Aseguró que las cárceles se han convertido en “universidades del delito y degradación humana”.

Hacinamiento

El máximo representante del OVP explicó que existen cuatro niveles de hacinamiento en el mundo:

  • Riesgo bajo, población aceptable: Cuando no existe sobrepoblación sino que se encuentra la cantidad exacta de reclusos o menos. Se le conoce como “luz verde”
  • Riesgo moderado: Se ubica de 1% a 19% de hacinamiento. También conocido como “luz amarilla”
  • Riesgo alto: Está entre 20% y 39% de sobrepoblación alta y forma parte de la “luz amarilla”
  • Riesgo crítico: Pasa el 40% y es calificado como sobrepoblación en condición de urgencia. Se conoce como “luz roja”

Prado destacó que en el caso de Venezuela la cifra más alta de hacinamiento es de mil por ciento, mientras que la más baja es de 115%. “Todas las cárceles tanto del servicio penitenciario como los calabozos policiales están hacinadas y sobrepasan el rango de aceptable al estar en una situación crítica”, dijo.

El también abogado y activista por los derechos humanos, Carlos Nieto Palma, indicó que en las cárceles nacionales hay 55 mil reos y en las de detención preventiva 45 mil. “Estaríamos hablando de una población reclusa de 95 mil personas”, dijo.

Nieto Palma puntualizó que en el país “solo hay capacidad para 19 mil privados de libertad. Esto quiere decir, que hay 76 mil reclusos que no tienen espacio dentro de las cárceles”.

Condiciones infrahumanas

Prado informó el fallecimiento de reos por presunta desnutrición y “con características de caquexia”. Añadió que recientemente estuvo de visita en los calabozos de la Policía de Cumaná para realizar un censo jurídico y encontró que 99% de los presos tenía escabiosis. “Hay penales donde no solo los privados de libertad tienen esta afectación en la piel, los custodios también la padecen”, detalló.

El presidente de la OVP agregó que gran parte de la población carcelaria del país padece de hepatitis, conjuntivitis, tuberculosis, amibiasis y no cuentan con medicamentos.

“Hago un llamado a las empresas privadas y a todas aquellas personas que puedan colaborar con medicinas para el tratamiento de estas enfermedades y para las que no se han mencionado”, expresó Prado.

El Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) también se encuentra en una situación crítica. La abogada María Corina Muskus explicó que las reclusas “no tienen servicio de agua potable, ni alimentos y reciben maltratos”.

Muskus indicó que las privadas de libertad no cuentan con productos personales de necesidad básica, ni con atención médica. “Muchas de las reclusas padecen de enfermedades de transmisión sexual”, dijo la jurista quien agregó que muchas de ellas han sido ultrajadas no solo por las llamadas “machitos”, que son las líderes negativas del recinto penitenciario, sino también por quienes están a cargo de custodiar las instalaciones que además tienen un alto índice de hacinamiento:

Las machitos son mujeres que se comportan como hombres y que lideran el Inof. Algunas de ellas abusan sexualmente de las reclusas que ingresan al recinto penitenciario ofreciéndoles protección a cambio”

Explicó que muchas veces las reclusas ceden a tener relaciones con quienes custodian la cárcel con el objetivo de obtener algún beneficio como comida o productos de higiene personal.

La abogada Muskus afirmó que al 70% de las detenidas del Inof aún no se les ha dictado sentencia. Destacó que se calcula que una cantidad bastante considerable de la población carcelaria de este lugar tiene hijos, sin embargo no se conoce una cifra específica.

“Hay un uso excesivo de la retención preventiva (…) Existen crímenes no violentos como el uso de drogas que no requieren precisamente de prisión si la cantidad del estupefaciente es mínima”, detalló Muskus.

La también especialista en Derechos Humanos y género apuntó que “mayormente las mujeres arrestadas han sido víctimas de violencia antes de haber sido privadas de libertad”.

Recomendaciones

El máximo representante del Observatorio Venezolanos de Prisiones puntualizó tres aspectos principales para atacar la problemática carcelaria:

  1. “La Comisión de Política Penitenciaria de la Asamblea Nacional y la Comisión de Política Interior deben asumir su responsabilidad en esta materia y deben ponerse al frente”.
  2. Prado afirmó que la crisis en las prisiones “no se arregla reuniéndose todos los martes y jueves, sino estando presente donde está la complicación y llamando la atención de los órganos públicos”.
  3. “Se deben descentralizar todas las cárceles como lo dice la Constitución en su artículo 272”, indicó Prado. La Ley establece que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.  Además, la Carta Magna especifica que se deberán crear “instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna”, así como un “ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.

El abogado aseguró que “en más de 70 años de penitenciarismo no hemos visto que los gobernadores asuman la responsabilidad, sino que las cárceles siempre han estado a cargo del ente central”.

“Si se le otorga responsabilidad a los gobiernos regionales, ellos tendrían que incorporar su dirección de salud, educación, obras,  deporte y cultura; al problema carcelario”, resaltó Prado. Además, añadió que lo más recomendable sería que se eliminara el Ministerio para Asuntos Penitenciarios “siguiendo la Constitución” y en sustitución crear “un ente autónomo con carácter técnico, que sería un instituto como lo es en Colombia y Perú para el fortalecimiento de las políticas de las diferentes gobernaciones en materia penitenciaria”

Por su parte la abogada Muskus sugirió que se hiciera uso de la libertad condicional como método alternativo, en el caso de las mujeres que han cometido crímenes no violentos, debido a que “las cárceles no terminan propiciando reinserción social”. Agregó que “no deben criminalizarse los delitos por drogas” que no han propiciado agresión, ni utilizar la reclusión preventiva mientras la persona está bajo investigación.

Es necesario “sanear el sistema de prisiones desde el tipo de delito, la clasificación de las personas recluidas por el tiempo y la condena, tratar de no recluir a las personas que están en proceso judicial”. Esta fue la recomendación de la psicóloga social Fernández para la mejora del sistema penitenciario. Asimismo, resaltó que “recuperar las prisiones también implica sanar el sistema judicial”.

Fernández explicó que “más del 70% de las personas no tiene condena pero igual están siendo condenados en la práctica”. Indicó que “las cárceles son dirigidas por la Guardia Nacional la cual no está capacitada para esto porque tienen una formación de violencia punitiva. Están preparados para la guerra y para el enfrentamiento y no para la recuperación de un ser humano”, dijo.

Para el activista por Derechos Humanos, Carlos Nieto Palma, es necesario “respetar los derechos humanos de los ciudadanos y tener en cuenta que todas las personas independientemente de que sean delincuentes o no, de lo que hayan hecho o dejado de hacer, son seres humanos y tienen derechos los cuales el Estado debe respetar y garantizar”.

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 Publicado en Análisis, Política | No hay comentarios


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