¿Cuándo se puede restringir una manifestación?

Conozca cuáles son las obligaciones del Estado antes un escenario de manifestaciones y los límites al momento de ejercer este derecho

La oposición venezolana lidera una serie de protestas que tuvo como punto de partida las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se asumían las funciones de la Asamblea Nacional que tiene al frente una mayoría parlamentaria opositora. Pese a la rectificación de la decisión luego de varios pronunciamientos nacionales e internacionales, el sector de oposición instó a mantenerse en las calles.

Luego de mes y medio se han suscitado 2.459 arrestos de manifestantes de los cuales 812 se mantienen detenidos, según cifras del Foro Penal Venezolano. Organizaciones y activistas de Derechos Humanos han denunciado una desmedida represión que ha devenido en: detenciones arbitrarias, torturas, confesiones amañadas y una actuación de cuerpos de seguridad alejada de los estándares internacionales.

Para Mary Isabel Rodríguez, socióloga de la Organización Espacio Público, lo que desde esa tribuna han percibido durante el último mes de protestas es que “no existe mediación al momento de reprimir y controlar el orden público”. Explica que cuando hay limitaciones de derechos debe haber un proceso de mediación:

“Por ejemplo, al trancar una calle lo ideal es que la persona puede en su derecho legítimo trancar una vía. Sin embargo, también se habla del libre tránsito. Es acá donde es prudente que el Estado intervenga en la figura de la Defensoría del Pueblo, se apersone y negocie para que se puedan respetar ambos derechos. Pero no existe la figura de la Defensoría del Pueblo y no hay iniciativa de negociación por parte de los cuerpos de seguridad”

Fuerza desproporcionada

La socióloga Rodríguez enfatiza que los cuerpos de seguridad de carácter civil son los únicos que están facultados para intervenir las manifestaciones, puesto que tienen una instrucción para mediar. Sin embargo, acota que en la actualidad son los cuerpos militares como la Guardia Nacional Bolivariana quienes tienen mayor presencia en las calles.

Denuncia el uso indiscriminado de métodos para dispersar manifestaciones no consagrados en la primera normativa nacional:

“La Constitución prohíbe el uso de sustancias tóxicas, bombas lacrimógenas, gas pimienta, entre otros. Hay una serie de mecanismos que son no letales, como en algunos casos fuerza cuerpo a cuerpo que es legítima. Se debe tomar en cuenta la pirámide estándar de la fuerza para saber qué métodos están permitidos ajustados a la proporcionalidad”

Por otra parte, el uso de bombas con heces (puputov) por parte de los manifestantes para contrarrestar los métodos represivos de autoridades policiales se dieron a conocer en días pasados, y desataron el furor en redes sociales sobre quienes se manifestaban a favor y en contra de dicho procedimiento. También se hizo pública una denuncia formulada por el el coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Betancourt, quien informó que aproximadamente 15 detenidos afirmaron que fueron obligados a comer pasta cruda con excremento. Según su testimonio, los imputados narraron al juez militar que los funcionarios les colocaban polvillo de bomba lacrimógena en la nariz para obligarlos a abrir la boca para introducirles el alimento contaminado.

Marieliz Valdez, presidenta de la Inspectoría General de Tribunales (IGT), órgano adscrito al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión declaró que esta práctica constituye el uso de armas biológicas y esto viola los tratados internacionales suscritos por el país.

“Los acuerdos internacionales, válidamente celebrados por la República, tienen rango supraconstitucional siempre que mejoren nuestra legislación (…) Las heces son un arma biológica, está tipificado como tal y está fuera del ordenamiento. Es irresponsable que los líderes de la oposición traten de confundir a sus seguidores diciéndole que en ninguna parte se dice que sea delito, y claro que es un delito el uso de un arma biológica con penalidades altas”, explica.

Para Valdez, el uso de este método biológico puede causar enfermedades tales como hepatitis, conjuntivitis y otras bacterias con unos niveles altos de contaminación. Añade que “esto se puede volver incontrolable causando epidemias”.

El uso de sustancias tóxicas así como también el de armas de fuego están prohibidos en el control de manifestaciones pacíficas, establece la Constitución de Venezuela en su artículo 68. Sin embargo, según información divulgada por algunas autoridades y organizaciones las heridas de armas de fuego son la primera causa de muerte en las protestas de 2017, sin precisar quiénes y con qué objetivo específico se han utilizado.

El Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue cuestionado sobre el uso de armas de fuego por parte de organismos de seguridad, a lo que respondió:

“En lo que va de conflicto lamentablemente hay 36 fallecidos -Al 11 de mayo-, 22 de ellos (61%) por acción de armas de fuego. Pero deben saber algo: no se usan armas letales en manifestaciones públicas de Venezuela. Eso quedó en el pasado. Ocurría antes de la Constitución de 1999, antes de que el comandante Hugo Chávez le otorgara preeminencia al respeto de los Derechos Humanos”

Justicia militar

Los Gobiernos de países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay se han pronunciado activamente en  rechazo al incremento de la violencia suscitada en Venezuela y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas.

El grupo de naciones junto a otros entes, como el Parlamento Europeo, hacen un llamado al Gobierno venezolano para frenar la represión. Recuerdan que Venezuela forma parte del Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas y “tiene como obligación aplicar normas de protección a la integridad física de los venezolanos y respetar los derechos humanos de los ciudadanos”

Al 19 de mayo, el Foro Penal informaba que 295 civiles habían sido sometidos a Tribunales Militares y 161 se mantenían privados de libertad.

Para el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea),  el uso de esta instancia militar constituye una “abierta violación del derecho” a ser juzgado por el juez natural. “Civiles deben ser procesados por jueces civiles”, asegura.

“Es una violación al debido proceso porque no es un tribunal independiente quien juzga, artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los jueces y fiscales militares son designados por el Ejecutivo Nacional y responden de manera obediente a las órdenes que les impartan”, explica Provea en un documento.

El abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, ha declarado que sería un “error” el procesamiento de civiles ante tribunales militares ya que  le corresponde a la jurisdicción civil en materia penal. El vicepresidente nacional del partido Acción Democrática (AD), Antonio Ecarri Bolívar, coincide con este planteamiento y ha denunciado que estas acciones responden a un conflicto entre los poderes del Estado.

“Juicios militares a los civiles son inconstitucionales y se quieren aplicar porque la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha comenzado a reclamar los excesos y procedimientos ilegales que se han hecho (…) En los tribunales militares pesa la cadena jerárquica de la milicia y entonces sería el Presidente, como máximo jefe, quien determinaría la culpabilidad. Acción que no puede permitirse para quienes han sido detenidos por protestar”

Vladimir Padrino López, ministro de la defensa, ha dicho que estos procedimientos se tratan de “excepciones”. Sin embargo, ha recordado que “la justicia militar existe”, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 261 de la Constitución de la República.

“Cuando la fiscalía militar actúa, es porque hay un delito de naturaleza militar. Hay delitos militares que pueden ser cometidos por uniformados o civiles. Es decir, el sujeto activo es indeterminado. Por ejemplo, los delitos de traición a la Patria, instigación a la rebelión o la rebelión, el ultraje al centinela o la sustracción de efectos militares son delitos militares que aplican a quien los comete, indiferentemente de su condición de militar o civil”, expresó Padrino López.

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 Publicado en Análisis, Infografía, Política | No hay comentarios


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