Luisa Ortega Díaz, entre la Constitución y la “destitución”

Conoce la línea de tiempo de las decisiones de la Fiscal General de la República durante los últimos 95 días de protestas

La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, rechazó comparecer este martes en el antejuicio de mérito realizado por el Tribunal Supremo de Justicia y ha asegurado que se encuentra a las puertas de una posible “destitución”. La razón de su inasistencia la ha dejado clara: no reconoce a los magistrasdos del máximo tribunal del país y, a su juicio, el procedimiento en su contra está “amañado y confuso”.

“No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada”, declaró Ortega Díaz

Durante el fin de semana a través de las redes sociales se pronunció para agradecer el apoyo recibido por el pueblo venezolano tras una actividad desarrollada por iniciativa de la oposición “en defensa de la Constitución”, y que  consistió en una marcha para expresar “el apoyo a la fiscal”.

Ortega Díaz se ha mantenido en el ojo del huracán luego de que el pasado 31 de marzo declarara que las sentencias 155 y 156, emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), limitaban la actuación de la Asamblea Nacional y “violaban el orden constitucional”, lo que constituía una “ruptura” del mismo, señaló.

Desde entonces, lo que en principio fue calificado por el presidente Nicolás Maduro como un “impasse” , se ha convertido en un distanciamiento entre los poderes del Estado.

Ortega Díaz ha solicitado la nulidad de la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados en diciembre de 2015, por considerarla “condición necesaria” para permitir que el TSJ pueda asegurar el “derecho de acceso a la justicia”.

La Fiscal también interpuso ante la Sala Electoral del TSJ un recurso contencioso electoral donde solicitó que se declare la nulidad de las decisiones del CNE relacionadas con la convocatoria a la ANC, por considerar que el decreto del presidente Maduro no cumple con extremos legales porque “es el pueblo venezolano es quien tiene la potestad de realizar dicha convocatoria”.

Esta última acción de Ortega Díaz desató todo tipo de pronunciamientos en su contra y suscitó que el Diputado Pedro Carreño solicitara el pasado 13 de junio ante el TSJ la conformación de una junta médica integrada por psicólogos y psiquiatras para que evaluara el comportamiento de la Fiscal de la República.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Fiscal puede ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional, con previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena por una “manifiesta incapacidad física o mental permanente”, que debe ser certificada por una junta médica designada por el TSJ con la aprobación de la Asamblea Nacional.

Tres días después el mismo diputado Carreño solicitó evaluar un posible antejuicio de mérito a la fiscal y a cuatro días de la solicitud la Sala Plena del TSJ, presidida por el magistrado Maikel Moreno, admitió el derecho de la solicitud de antejuicio por la presunta comisión de “faltas graves” por parte de Ortega Díaz en el ejercicio de su cargo.

A continuación, una línea de tiempo donde puede observarse con detalle las últimas acciones judiciales emprendidas por Ortega Díaz desde el pasado mes de marzo y las respuesta que ha recibido por parte del Gobierno Nacional.

Sentencias

Dos sentencias de la Sala Constitucional del TSJ redujeron el ámbito de competencia del Ministerio Público, así los denunció Ortega Díaz. La primera de ellas arrebataría funciones a la Fiscalía y se las entregaría a la Defensoría del Pueblo, denunció la fiscal.

Esto ocurriría luego que el pasado 13 de junio el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, había solicitado ante el máximo tribunal un recurso de interpretación en el que reclamaba competencias que hasta el momento habían sido exclusivas de la Fiscalía.

Saab había denunciado que el accionar de la Defensoría se limitó durante la coyuntura de las protestas que arriban a tres meses en el país; puesto que en varias ocasiones se prohibió la participación en procedimientos como las autopsias donde habían sido implicados funcionarios de las fuerzas del orden público en el asesinato de civiles. Además, declaró que ante este tipo de acciones “tenían que hacer valer los derechos de la Defensoría”.

En la sentencia 470 , con fecha del 27 de junio, el TSJ indicaba que la Defensoría ahora tendría potestad para:

  • (i) Funciones de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos.
  • (ii) Competencias para adoptar medidas preventivas a la violación de derechos humanos, ejerciendo además acciones para reparar las consecuencias de tales violaciones.
  • (iii) Puede investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público.
  • (iv) Puede asumir la representación procesal de la víctima en procesos penales.
  • (v) Puede iniciar investigaciones por violación a derechos humanos, y tiene además derecho de acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con tales violaciones.
  • (vi) Puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, así como los demás órganos auxiliares de justicia.
  • (vii) Puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, y puede estar presente en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar.

El Defensor ha dejado claro que cuando existan violaciones de los derechos humanos “la Defensoría sí puede actuar”. Fue enfático en señalar que el TSJ no le transfirió las competencias de la Fiscalía, y que solo se “aclararon” las competencias del Ministerio Público, establecidas en los Artículos 280 y 281 de la Constitución.

La segunda sentencia emanada del máximo tribunal desestima el nombramiento del Vicefiscal General de la República encargado, Rafael González Arias, realizado el pasado 17 de junio. Adicionalmente, anunció que procederá a designar a otra persona en este cargo.

José Ignacio Hernández, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que la Sala Constitucional no puede proceder con la anulación de la designación del Vicefiscal, pues carece de competencia debido a que esta instancia “solo conoce de asuntos constitucionales, y esa designación es un asunto administrativo”. Añade que además no puede anular un acto “cuya nulidad no ha sido demandada” y denuncia que se persigue el establecimiento de una especie de “Fiscalía paralela” en la investidura de la Defensoría.

Destitución

Los rumores en torno a las acciones que tomarían contra el accionar de la Fiscal se pasearon por la renuncia, una remoción o la petición de un antejuicios de mérito. El pasado 4 de julio, Ortega Díaz ante la solicitud del Diputado Pedro Carreño se cristalizó la última opción.

Para Hernández, el también profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, el escenario del proceso contra la fiscal persigue la destitución de Ortega Díaz y transitaría los siguientes escenarios:

  1. 4 de julio: Audiencia del juicio para calificar si incurrió o no en faltas graves.
  2. TSJ decidirá si efectivamente la fiscal incurrió o no en faltas graves para continuar con un procedimiento de remoción.
  3. Luego de una hipotética declaración de “falta grave” correspondería a la Asamblea Nacional debatir la decisión de una remoción de la Fiscal. Sin embargo, amparados en la figura de “desacato” la Sala Constitucional procedería con esta desición.
  4. Si la fiscal es removida, asumiría el Vicefiscal designado por el TSJ.

Para evitar esta acción, la Fiscal el pasado 29 de junio solicitó a la AN ratificar la designación del Vicefiscal General, Rafael González, y el Parlamento Nacional procedió a la autorización de la designación de González, según lo establecido la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 25, numeral 3. Durante su asistencia a este evento declaró:

“Todas las instituciones deben garantizar los derechos de los venezolanos; los estoy llamando, Diputados, a que luchemos para rescatar las instituciones democráticas”

Horas después la Contraloría General de la República anunció que haría una actuación contra la Fiscal por presuntas irregularidades administrativas, financieras y presupuestarias durante su período como funcionaria.

El 4 de julio Ortega Díaz debía comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien evaluaría si existían méritos para enjuiciarla, lo que podría llevar a su destitución. Sin embargo, decidió no presentarse por considerar que el procedimiento en su contra es”amañado y confuso”.

“Si decidieran removerme arbitrariamente, tendré el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, al igual que todo el pueblo venezolano”, ha dicho.

Tras su ausencia asumió su ponencia el defensor público Javier Hernández, quien señaló que perseguía garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de Ortega Díaz. Recusó los argumentos expuestos por el diputado Pedro Carreño, quien señaló que “Ortega ha incurrido en las faltas de atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa”.

Carreño citó entre las causas de solicitud del procedimiento que la Fiscal atentó contra la “respetabilidad del Consejo Moral Republicano” al asegurar que no participó durante la elección de los magistrados del TSJ en 2015.

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, habría pedido durante su intervención a las autoridades del TSJ que se realice la prueba del polígrafo a la fiscal, mientras mostraba presuntos documentos originales que demostrarían que Ortega Díaz fue convocada a la designación de los magistrados.

El defensor Hernández señaló que la solicitud de antejuicio de mérito realizada por Ortega Díaz contra los magistrados es de carácter totalmente legal, pues se encuentra bajo sus competencias como titular de la Fiscalía. La defensa solicitó a la Sala Plena que no sea aceptada la solicitud de Carreño y que se desestime el proceso.

La audiencia finalizó con la decisión de que en los próximos 5 días la Sala Plena se pronunciará sobre las pruebas presentadas y decidirá si finalmente se procederá al juicio.

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