¿Qué pasará con la Asamblea Nacional el día después de la Constituyente?

Abogados constitucionalistas prevén la disolución del Parlamento de concretarse la ANC el próximo 30 de julio

Apenas días separan al país de los comicios electorales para elegir 564 candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo, mientra la oposición persiste en las calles del país y el próximo domingo 16 de julio realizará un plebiscito simbólico para rechazar la Constituyente.

Aunque no es legalmente vinculante, la votación busca hacer visible el rechazo de la sociedad civil a la Constituyente, unirse a las protestas de calle, los pronunciamientos internacionales, las impugnaciones realizadas ante el Tribunal Supremo de Justicia por diferentes representantes y al proyecto de acuerdo en rechazo a la convocatoria de la ANC aprobada por la Asamblea Nacional (AN) en el mes de mayo.

Opiniones encontradas con respecto a cuál sería el destino del Parlamento luego de la celebración de la elección del próximo 30 de julio se acrecientan.

La AN, según dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia, continúa bajo la figura del ‘desacato’, pese a que el 9 de enero del presente año la primera sesión ordinaria del 2017 se inició con un punto de información para hacer oficial la desincorporación de los diputados del estado Amazonas, Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla con la votación de la mayoría de oposición de la cámara.

Recordemos que la decisión Nro. 260/2015 de la Sala Electoral del TSJ con fecha del 30-12-2015 suspendió los efectos de las proclamaciones de esos diputado alegando presuntos fraudes electorales . Posteriormente, el 11 de enero de 2016 la misma Sala ordenó a la Asamblea Nacional desincorporar a los diputados pese a poseer inmunidad parlamentaria reconocida por la Constitución.

Desde entonces se han producido dos sesiones para aprobar las desincorporaciones de los parlamentarios, la última en enero del presente año con la intención de salir del desacato. Sin embargo, luego de la acción en enero pasado el diputado por el Partido Socialista de Venezuela advertía:

“No porque lleguen y digan ‘vamos a desincorporar a los diputados de Amazonas‘, salen de desacato. No. Ellos siguen en desacato. Julio Borges fue designado presidente con AN en desacato. La anterior (directiva) es la que está vigente”.

¿Qué hacer para salir del ‘desacato’?

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró en días pasados durante una declaración a medios de comunicación que la Asamblea Nacional no se encuentra en desacato, como decretó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Eso no existe. Quienes son ilegítimos son los magistrados del TSJ, que no aguantan una auditoría”, aseveró Ortega Díaz y añadió que la figura de desacato solo puede aplicarse a personas y no a instituciones.

Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, ha declarado su apoyó a lo sostenido por la fiscal: “La fiscal les está exhortando a los diputados a que tomen decisiones que debieron haber tomado el año pasado. Para mí ellos no están en desacato”, dijo durante una entrevista reciente.

El Tribunal Supremo el pasado 5 de enero tras volver a declarar nulas las sesiones de la Asamblea Nacional estableció mediante la publicación de una nota de prensa el procedimiento con que el ente pondría fin a la situación desacato:

“La Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo período de sesiones y elegir válidamente a la Junta Directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial, para que la nueva junta sea legítima y los actos de la Asamblea Nacional sean válidos”, rezaba el comunicado.

De esta forma, para cumplir con lo establecido por el máximo Tribunal, los diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla -en su condición de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, respectivamente, durante el año 2016- deberán convocar a una sesión como autoridades y  someter a consideración de los parlamentarios la desincorporación de los representantes del estado Amazonas. Una vez concluido este proceso podrán proseguir con la elección de los diputados Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández como nuevos integrantes de la directiva para el ejercicio de 2017 y de esta manera concluir con la figura de desacato.

“Hasta tanto no hagan ellos eso, no existe junta directiva, y quienes estén asumiendo como directivos de la Asamblea Nacional están incurriendo en delito, porque están usurpando funciones, y eso es delito, entonces hay acciones interpuestas y estamos esperando por esas decisiones del Tribunal”, habría denunciado la diputada Cilia Flores el pasado mes de enero.

¿Qué podría hacer la AN si sale del ‘desacato’?

Con la desincorporación de los tres diputados de Amazonas, el bloque parlamentario de la MUD se vio reducido de 112 a 109 diputados activos, frente a los 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde entonces, decisiones encontradas se tejen en torno a si la oposición continúa  teniendo la “supermayoría” de dos tercios (2/3) o únicamente conservaría los tres quintos del total de 167 parlamentarios.

  • La mayoría simple (o absoluta) se obtiene con la mitad más uno de los diputados del hemiciclo, es decir al menos con 84 diputados.
  • La mayoría calificada se aplica para aquellas decisiones que requieren un consenso mayor y se divide en: Mayoría de las tres quintas partes  (100 diputados) o a las dos terceras partes (111 diputados).

Especialistas han alertado que en la Constitución Nacional no hay una reglamentación concreta que prevea este escenario y tampoco en el Reglamento de Debates de la AN. En ocasiones, la Carta Magna habla de obligatoriedad de contar con los “dos tercios” (110 diputados)  para la aprobación de iniciativas legislativas, y en otras ocasiones hace alusión a los “dos tercios de los presentes” y en la mayoría de casos a los “dos tercios de los integrantes”, por esta razón  se traduce a que la norma esté sujeta a interpretaciones.

Para el Doctor en Derecho Constitucional, Jesús Silva, en el hipotético caso de que hubiese una reflexión por parte de la mayoría opositora en el Parlamento y se procediera a obedecer todas las sentencias judiciales del TSJ , a rectificar lo que califica como faltas cometidas “no podrá alcanzar una mayoría de 2/3”, por cuanto esto se calcula sobre la base total de integrantes y hay una situación judicial pendiente que impide que la representación opositora llegue a ese número de mayoría .

Según este planteamiento, la mayoría parlamentaria de 3/5 de oposición podría ejecutar acciones únicamente en materia de :

 

Otros abogados como el constitucionalista José Ignacio Hernández han asegurado que “si la idea es cumplir la sentencia del TSJ que ha calificado como inconstitucional, los cargos también deberían ser suspendidos y la AN debería pasar a ser integrada por 163 diputados”, por lo que la oposición mantendría la supermayoría de 2/3.

Identificados con el término “chavistas democráticos” diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) ante el Parlamento, Eustoquio Contreras y Germán Ferrer, expresaron recientemente su rechazo ante la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y su apoyo irrestricto  a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

“La Constituyente es fraudulenta, no tiene temporalidad y permitiría desmanes”, declaró el parlamentario Ferrer, quien ha aclarado en su cuenta de twitter que “La iniciativa a ANC puede partir del Presidente”, pero “la convocatoria debe hacerla el Pueblo”.  Ferrer, esposo de la fiscal Ortega Díaz sería el único diputado oficialista que no dejará su cargo en Parlamento para formar parte de la Constituyente.

De sumarse estos dos parlamentarios parlamentarios a los 109 de la diligencia opositora, la fracción llegaría a 111 diputados, contaría con la mayoría de los 2/3 y tendría potestad para actuar en materia de:

El día después de la Constituyente

Especialistas de tendencias oficialistas y de oposición vislumbran que ante el panorama de la concreción de la Constituyente, la disolución del actual Parlamento es el escenario más previsible.

El abogado Juan Manuel Raffalli, Profesor de la Universidad Católica y del Iesa, resalta que conforme al artículo décimo de las Bases Comiciales  presentadas al CNE por el presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente sesionaría en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo: “Es decir, dentro de la sede la Asamblea Nacional, lo cual es preludio de lo que ocurriría después que se instale esa Constituyente”.

Silva, por su parte, considera que en cuanto se produzca la instalación de los representantes electos a la ANC se procederá a la atención de la situación de los poderes públicos. Añade que no sería necesariamente en cuanto a su disolución pero si en cuanto a la remoción de algunos miembros integrantes de esos poderes que hayan podido estar involucrados en faltas.

“En cualquier caso tenemos en cuenta que una vez que se elija la Asamblea Constituyente existirá un ‘supra poder’ que podrá ejercer control o autoridad suprema por encima de los poderes constituidos, de modo que cualquiera que sea el escenario la Asamblea Nacional Actual es prácticamente una institución moribunda“, finalizó

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 Publicado en Análisis, Política | 1 Comentario


Un comentario en: “¿Qué pasará con la Asamblea Nacional el día después de la Constituyente?”

  1. OSCAR RAUL HERNANDEZ

    El problema no es que la ANC redacte una nueva Constitución o que simplemente reforme la actual, aunque supuestamente ese nuevo texto tal vez sería sometido a referendo cuando esté redactado dentro de años.
    El inmenso problema es que la ANC se convertirá en un SUPERPODER que ejercerá actos gubernamentales, mientras esté en funciones de debate y redacción, sin que esos actos hayan sido avalados por la mayoría del pueblo.
    Aunque la nueva Constitución sea rechazada en un referendo los actos gubernamentales que la ANC haya ejercido serán irreversibles. Tales actos serán de una trascendencia enorme, pero sin aval del soberano.
    Es totalmente absurdo que una ANC, cuya única función debería ser de redacción, ejerza actos gubernamentales durante su ejercicio.

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