¿Quién puede destituir a la Fiscal General de la República?

Conozca el organismo y las razones por las que podría ser destituida la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor General de la República. Este poder goza de “autonomía funcional, financiera y administrativa”; de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional.

Dos artículos de las leyes de la República establecen que es la Asamblea Nacional el único ente con potestad de destituir a los titulares del Poder Ciudadano.

La Constitución Nacional en su artículo 279 establece que los integrantes del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

El Artículo 22 de la Ley del Poder Ciudadano profundiza lo anteriormente expuesto y establece que los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos o removidas de sus cargos por la Asamblea Nacional, también por previo pronunciamiento del TSJ en Sala Plena al declarar que hay mérito para su enjuiciamiento en los siguientes casos:

1. Por manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, con la aprobación de la Asamblea Nacional.

2. Por abandono del cargo, declarado por el Tribunal Supremo de Justicia.

3. Por no cumplir con las obligaciones que les imponen los artículos 274, 275 y 278 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como integrantes del Consejo Moral Republicano, y las demás obligaciones que les impone la Ley, por su condición de tal.

4. Por incumplimiento onegligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes.

5. Cuando sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano y de los órganos que representan, y cometan hechos graves que, sin constituir delitos, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad comprometiendo la dignidad del cargo.

6. Cuando ejerzan influencia directa en la designación de quienes cumplan funciones públicas.

7. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad.

8. Cuando en sus decisiones administrativas incurran en grave e inexcusable error, reconocido en sentencia.

9. Cuando en sus decisiones administrativas hagan constar hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron.

10. Cuando infrinjan alguna de las prohibiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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 Publicado en Análisis, Política | No hay comentarios


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