Sentencias del TSJ fijan posturas de ‘Golpe de Estado’ y ‘Constitucionalidad’

Personalidades políticas se han volcado a reprobar las acciones emanadas del TSJ mientras el Ejecutivo las ha considerado “injerencistas”

Pronunciamientos desde la comunidad internacional fueron realizados este jueves en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de la oficialización de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir por completo las competencias de la Asamblea Nacional.

La Unión Europea; el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y varios países latinoamericanos como Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, así como Estados Unidos; denunciaron la decisión de la Sala Constitucional del TSJ y pidieron retornar a las estructuras y principios democráticos.

Entre tanto el Gobierno Nacional mediante un comunicado ha rechazado estos pronunciamientos por considerarlos “injerencistas” y ha anunciado acciones políticas como consecuencia.

“La República Bolivariana de Venezuela repudia la arremetida de los Gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional (…) al tiempo que anuncia que ejercerá las acciones políticas y diplomáticas que brinda el Derecho Internacional y nuestro orden jurídico interno para detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz en Venezuela”, indica el documento.

El presidente de la AN, Julio Borges, fijó posición en nombre de la fracción mayoritaria de la Unidad y alertó que con estas acciones el Ejecutivo  está dando un “golpe de Estado” y pidió apoyo a las instancias internacionales.

 “Es la primera vez que en una sentencia le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer lo que le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es una dictadura, el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela”

Adicionalmente, en horas de la mañana del día viernes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció una “ruptura del orden Constitucional” en el país y sostuvo que tiene una “alta preocupación” por la decisión del TSJ.

“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden Constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución(…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”

Sentencia 156

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este miércoles una sentencia en la que faculta al máximo Tribunal del país a ejercer por completo las competencias parlamentarias de la AN con el fin de “preservar el Estado de Derecho”, mientras este ente se encuentre bajo la condición de desacato.

El  fallo número 156 tuvo lugar luego de la admisión de un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) correspondiente artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, referente a la Constitución de empresas mixtas, en la que se declara que el Ejecutivo no tiene impedimento para constituir empresas mixtas en el país.

Explica que cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a la Sala a través de un informe previo aprobado por del Ministerio de Energía y Petróleo. Además, el texto contempla que la Asamblea Nacional, no podrá modificar las condiciones propuestas “ni pretender” el establecimiento de otras condiciones.

Por último, se extienden los poderes al presidente de la República al detallar:

“Sobre la base del estado de excepción, el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017)”.

El diputado Henry Ramos Allup declaró su rechazo ante la sentencia y señaló que ante lo que considera un atropello contra la Constitución, los diputados deben responder a la gente que “nos eligió”, dijo.

“No hay estado de derecho y una violación sistemática de la Constitución, no solo se han burlado de la soberanía popular, sino que han interpretado la Constitución contra su propio texto. Aquí no hay separación de poderes”

El abogado constitucionalista y participante en la redacción de la Carta Magna, Hermann Escarrá, ha explicado que la decisión se ampara en el artículo 336 de la Constitución Nacional en el que se consagra la omisión legislativa en caso de que se produzca por “acciones inconstitucionales del Parlamento”, quien persiste en situación de desacato y, por ende, a su juicio sus actos resultan nulos y por ende  “entonces necesariamente debe suplirse a través del Poder Judicial”.

Inmunidad parlamentaria

Durante esta semana la Sala Constitucional también emitió la sentencia 155 donde refirió que la inmunidad parlamentaria solo se ampara en “los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales” y explica que ante la situación actual de “desacato” resultaba “incompatible”. Además, autoriza al presidente Nicolás Maduro a que ejerza las medidas internacionales que considere para “salvaguardar el orden Constitucional, garantizar gobernabilidad del país y evitar un acto de conmoción”.

Un día después de la emisión de la resolución el abogado Omar Mora Tosta acudió a la Asamblea Nacional para denunciar la sentencia argumentando que “se incluye en los tribunales militares”, al tiempo que consideró que “destroza por completo la inmunidad parlamentaria manipulando y tergiversando lo que es el artículo 200 de la Constitución, la cual establece que los diputados tienen inmunidad parlamentaria luego de su proclamación”.

Para el abogado constitucionalista, Jesús Silva,  esta sentencia “aclara” lo que ya establece el artículo 200 respecto a la inmunidad parlamentaria y se encuentra correctamente interpretada:

“La inmunidad parlamentaria protege a un diputado para discutir, opinar y legislar; pero en ningún caso se convierte en un escudo que lo exonere de sus responsabilidades civil, penal, administrativa si cometiere un delito lo que pudiere ser ilícitos”

Con respecto a las capacidades especiales otorgadas al presidente Maduro, el abogado Escarrá descartó que sea extralimitadas y que contravengan lo establecido en la Constitución, puesto que a su juicio se limita a evaluar  la existencia de la comisión de hechos punibles dentro del marco militar.

“Él (TSJ) solo puede evaluar y actuar dentro del marco mencionado allí: Código Penal, Código de Justicia Militar, Código Orgánico Procesal Penal, entre otros; pero de ninguna manera es que le está asignando una potestad excepcional para intervenir por encima de los procedimientos establecidos en las leyes”

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 Publicado en Análisis, Política | No hay comentarios


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